Modatima es el movimiento por la defensa del agua, la Tierra y el Medioambiente, es la expresión organizada por recuperar los bienes comunes para los pueblos de nuestro país, reparando años de injusticias socio ambientales que han precarizado la vida de miles en este largo territorio. Desde esta premisa, nosotros y nosotras nos permitimos compartir una reflexión sentida en el marco de estos #50Años del Golpe Militar, que no sólo acabó de manera abrupta un proceso de transformación social y popular a costa de muerte, tortura y desaparición, sino que también en estos oscuros años podemos encontrar el origen de un modelo de despojo del agua, la tierra y los bienes comunes naturales, que hoy nos tienen en la peor crisis climática que ha vivido nuestro país, con fatales consecuencias que, de no hacer una reflexión profunda sobre sus orígenes, no podremos actuar con determinar en cambiar el rumbo de nuestro destino.
A 50 años del Golpe militar
la búsqueda de la verdad y justicia
Se cumplen 50 años del Golpe Militar que dio inicio a la sangrienta dictadura de Pinochet, que se extendió por 17 años consecutivos en los cuales se cometieron sistemáticas y gravísimas violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Hoy recordamos con sentimientos de tristeza por las atrocidades cometidas, pero también con la fuerza y valentía de levantar la voz y velar por que la verdad esté presente, al igual que los miles de compatriotas que dieron una aguerrida lucha en esos oscuros años de nuestra historia.
La violencia del Estado, que se manifestó en parte a través de la Doctrina de Seguridad Nacional iniciada por el Régimen, propició una política militar que, utilizando los aparatos de inteligencia, transformó violentamente el orden político, derrocando a un gobierno popular elegido democráticamente y un proyecto político progresista de la Unidad Popular, encarnado en Salvador Allende. A costa de la violencia política, del asesinato, torturas y todo tipo de vejámenes, se instauró y mantuvo un orden político – social autoritario y de extrema derecha. Durante la dictadura se edificó una maquinaria sanguinaria de inteligencia, censura comunicacional, sabotaje político, espionaje y tortura, expresadas en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y posteriormente, en la Central Nacional de Información (CNI). Estos aparatos de inteligencia del Estado, que tenían facultades de detener y limitar la libertad de personas por Decreto de Ley, tenían por objeto aniquilar a todo opositor (a), y exterminar todo lo diferente, bajo la ficticia amenaza de la ideología marxista. Así, el Estado, a través de sus fuerzas armadas y de inteligencia se enfocó en el exterminio de dirigentes de políticos de partidos de izquierda, centro izquierda e izquierda revolucionaria, como también de dirigentes/as sociales y territoriales, sindicalistas, pobladores/as, campesinos/as, además de simpatizantes o a personas que simplemente apoyaban el proyecto político.
Entre 1973 y 1990, se presentaron alrededor de 40.0000 personas víctimas de prisión política y tortura, de estas se estiman 3.225 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales (1) y desapariciones forzadas. Sobre desapariciones forzosas, se estiman que hay 1469 personas víctimas de dicha vulneración (2). Estas cifras no son solo números, son vidas, historias, son familias, amigos, compañeros y compañeras, es nuestra historia manchada con sangre de su pueblo.
La garantía de los derechos humanos y la necesidad de hacer presente la memoria, de concretar una reparación efectiva a las víctimas y sus familias, y tener garantías de no repetición es una deuda en abierto conflicto en nuestro país, una lucha que no dejaremos de dar hasta hacer valer la verdad, justicia y garantías de no repetición.
La reparación (3) significa constituir medidas específicas que se orienten a restituir a las víctimas a las condiciones anteriores al hecho, lo que implica dejar sin efecto las consecuencias inmediatas de la violación en todo aquello que sea posible, e indemnizar los perjuicios causadas. Siguen pendientes medidas de reparación, situaciones que como el beneficio Valech que presentó irregularidades, en poder lograr abordar judicialmente a los culpables de los delitos cometidos en periodo de dictadura.
Las garantías de no repetición (4) son todas las medidas judiciales y no judiciales dirigidas a garantizar que no se permitan circunstancias que hayan generado violaciones a derechos humanos en un momento pasado. Es la demostración que Chile puede aprender de su historia.
Junto a eso, otro aspecto esencial para los familiares de detenidxs desaparecidxs es el de poder avanzar en la verdad (5) sobre lo ocurrido con las víctimas. Según datos de los informes de Retting y Valech, se registran 1.102 personas desaparecidas. En esto, saludamos el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el Gobierno. No podemos pasar 50 años más preguntándonos “¿Dónde están?, pero tampoco no podemos permitir un minuto más de silencio por parte de las instituciones cómplices como la Armada, Fach y Militares.
Se necesita avanzar en medidas de reparación histórica, creemos necesario avanzar en el derecho a la Justicia (6). Una política necesaria, considerando que hoy en día siguen en libertad personas que fueron cómplices o derechamente violadores de derechos humanos, no solo sin ninguna condena o sanción, en impunidad, sino que ejercen cargos de autoridad política, por ejemplo, Hernán Larraín ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de Piñera, actualmente miembro de la comisión experta de la convención constitucional.
Desde el retorno a “democracia” la violencia de Estado no ha dejado de estar presente, más bien, se han reconfigurado los mecanismos de represión de manera solapada. Una expresión nítida es lo ocurrido durante el estallido social de 2019, se presentaron 3099 querellas por violaciones de derechos humanos de víctimas del Estado, de diversa connotación. Hoy más que nunca es necesaria una institucionalidad que tenga como eje transversal la protección y promoción de los derechos humanos, en todo su quehacer.
La instalación de un proyecto político – económico
el modelo de saqueo
Durante la dictadura militar se aplicó una doctrina de terrorismo de Estado que, junto con levantar una máquina de asesinato sobre nuestro pueblo y limitación de los derechos políticos y civiles, se encargó construir los pilares de un modelo neoliberal y extractivista. En circunstancias de autoritarismo y sin posibilidad de oposición, se configuró un modelo de saqueo que se apropió sobre nuestros bienes comunes naturales, agua, tierra y naturaleza, se privatizaron las empresas públicas y se mercantilizan nuestros derechos sociales, beneficiando a los círculos de poder de la Dictadura con riquezas de todos y todas las chilenas.
El modelo de saqueo tiene su sostén en el pilar del proyecto de refundación de la dictadura: la constitución de 1980. Este proceso se reforzó con una serie de leyes orgánicas constitucionales, a través de decretos con fuerza de ley, instrumentos jurídicos que eran dictadas por el dictador sin pasar por un “legislativo”. Se configura una reforma estructural que modifica el carácter estatal desarrollista del modelo económico chileno dando un giro rotundo hacia el libre mercado (7).
El mercado nacional se orientó a la exportación de materias primas mencionadas en los procesos económicos globales, un papel relegado en las cadenas globales de valor, lo que configura el extractivismo en nuestro país. De esto modo, estas reformas estructurales propiciaron el desarrollo de determinados sectores económicos extractivistas: minería, agroindustria y forestal, entre otros.
Entre estas reformas neoliberales que se implementaron para privatizar nuestros bienes comunes naturales, la minería es el efecto más agudo del extractivismo. La consigna de “Cobre para Chile” fue totalmente borrada, en su esencia de basar un desarrollo a través del control estatal. El giro fue hacia otorgar mayores oportunidades a inversores privados, flexibilizando toda normativa de instalación, bajos impuestos y mantener estándares ambientales bajos. Es este ámbito tenemos una serie de pilares; el DFL Nª1748 de “inversión extranjera” de 1974, la “ley de concesiones mineras” de 1982 y el “código de la minería” de 1983, que edificaron el modelo minero en Chile (8). La economía de nuestro país depende de manera importante de esta actividad extractivista, comprometiendo un 13% del PIB (9) en el año 2022. En este mismo año, el 55,6% de las exportaciones corresponden al área de la minería, principalmente al cobre.
Los efectos de este sector productivo son variados en términos del desarrollo económico equitativo. Los mineros privados producen alrededor del 70% del cobre chileno, el 30% es estatal. Aunque CODELCO sigue siendo de los grandes productores y el único a tajo abierto. Si bien se ha abandonado la total desregulación del Estado, por ejemplo, a través del royalty minero (2005), sigue siendo bastante tímido, entre un 5% a 34% sobre renta de ganancia. En ese sentido, los territorios donde se instalan las empresas no reciben las ganancias del negocio minero.
Es también destacable los efectos en las comunidades locales quienes son quienes tienen los efectos negativos de la actividad minera, como por ejemplo el cambio de las actividades productivas locales, los efectos de los, pero es importante destacar la justicia ambiental, esto en el contexto de la “ebullición global”, los impactos ambientales de este sector productivo son agudos, desencadenando una serie de conflictos socio ambientales principalmente en el norte. Según el mapa de conflictos socio ambientales (2018) del Instituto Nacional de Derechos Humanos, nuestro país vive 34 conflictos relacionados con esta temática.
El sector forestal es otro pilar económico propiciado por la dictadura que afecta nuestros bienes comunes naturales. Se inicia en el año 1974 a través del DFL Nª701, que se enfoca promover la plantación forestal en base al subsidio a esta actividad forestal. En ese sentido, se otorga una bonificación de la plantación de pinos y eucaliptos un 100% y desde 1998 desciende el monto del subsidio al 70%. Las estimaciones dicen que, durante los últimos 40 años, el Estado ha entregado US$875 millones a los empresarios forestales por concepto de plantación y gastos administrativos asociados.
Sobre los impactos del modelo forestal, es pertinente destacar que este modelo beneficia a unos pocos, principalmente a los magnates pertenecientes a la familia Matte y Angelini, mediante la CMPC, del Grupo Matte y Forestal Arauco que controlan aproximadamente entre el 70% y 75% del mercado forestal. Los efectos ambientales son de igual importancia, con un alto impacto en la naturaleza nativa. La presencia de forestales se asocia a la pérdida de la diversidad biológica, ecosistemas, fragmentando el hábitat de la fauna nativa local y bosques nativos, daños en los suelos y efectos negativos en la disponibilidad de agua.
En los campos de Chile la situación no fue distinta. Con una arremetida brutal contra el proceso de Reforma Agraria y organización de las comunidades campesinas e indígenas impulsada desde 1967 en adelante, el terrorismo de Estado borró con sangre el lema “la tierra es para quien trabaja”. El orden patronal retomó su mando rápidamente, y las organizaciones de campesinos y campesinas fueron masacradas y perseguidas, sus tierras colectivas fueron devueltas a los grandes dueños, o repartidas entre nuevos “beneficiarios” de la dictadura, dando luces de la instalación de un nuevo modelo económico y uso de la tierra en los campos de Chile. El derecho humano a la tierra también fue vulnerado en estos años.
La dictadura instaló un modelo agroexportador basado en frutas y productos forestales. Se revirtió la reforma agraria, liberalizando este sector económico, apuntando a inversión intensivas de capital al sector frutícola. La agro exportación creció de un 5% a un 30% durante este periodo hacia 1990, tendiendo a que depender de este intercambio tomando un rol periférico en la economía (10).
En materia de aguas, la misma constitución de 1980, como también el código de aguas de 1981 y su reforma de 2022, son base jurídica de la privatización de este bien común natural. Sin embargo, el agua es probablemente la mercancía base; entendida como un “recurso”, en lenguaje económico, necesario que permite el desarrollo del resto de sectores productivos. La privatización del agua, su entrega a perpetuidad y gratuitamente a empresarios privados, evidentemente teniendo un papel dinamizador.
En la constitución en su artículo 19 numeral 24, es bueno recordar la conocida sentencia que establece: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. La propiedad sobre las aguas, quedó consagrada constitucionalmente, siendo impugnable por incluirse en la “carta magna”.
El armazón jurídico restante se complementa con el Código de Aguas de 1981 (DFL N°1.122) que refuerza lo estipulado en la constitución, otorgando un excesivo énfasis en basar la administración del agua, a través del uso “eficiente” por medio de la libre transferibilidad de los derechos de aprovechamiento de aguas hacia el mercado. Aunque hay una actualización con la reforma al código de aguas de 2022, aunque otorga mayores posibilidades de redistribución de las aguas y las prioridades de uso, indicando el derecho humano al agua, sigue manteniendo la privatización de las aguas.
Es necesario recordar que los Derechos de Aprovechamientos de Aguas están regulados en el comercio, son prescriptibles, transferibles y transmisibles, por lo que en la práctica funciona de manera incompatible con la condición de bienes nacionales de uso público, aún menos con la noción de bienes comunes naturales. Por otro lado, se diseñan e implementan otras normas que permiten mayores posibilidades a los grandes empresarios agrícolas, que acompañan la privatización de las aguas, como por ejemplo la ley de riego, que a través de la Comisión Nacional de riego (1983), entrega bonificaciones a productores agrícolas.
Entre los efectos del modelo de privatización de las aguas podemos ver que el catastro público de agua de la DGA, aunque con limitaciones de datos, se puede constatar que aproximadamente 140 mil derechos de agua repartidos entre 70 mil titulares a lo largo del país, de los cuales sólo el 2% accede a más del 80% del volumen otorgado a nivel nacional. Que existan registros privados que refutan esta información es parte del problema que buscamos superar. Esta realidad convive con que, según datos del censo (2017) alrededor de 383 mil viviendas en nuestro país son carentes de una conexión permanente de agua potable.
Cuando nos enfrentamos a una realidad climática compleja es necesario dar cuenta de un modelo que no contempla la necesidad de resguardo de nuestra naturaleza. En Chile, se han realizado proyecciones de que un 76% de la superficie chilena está afectada por sequía, desertificación y degradación de suelo.
Los efectos de la dictadura militar perduran hasta el día de hoy, en el modelo político que vivimos en nuestra cotidianidad, en nuestro presente; cuando vemos en las precarizadas pensiones que reciben nuestros pensionados/as, en las comunidades rurales precarizadas sin aguas de Petorca, en la instalación forestal en Curacautín en territorios ancestrales para el pueblo mapuche, en la contaminación de las empresas mineras en ciudades – dormitorio.
La disputa por un futuro con justicia
La construcción del presente y futuro se basa en nuestra memoria social e histórica. El tener presente los hechos de lo ocurrido, entender el proceso histórico y sus efectos es necesario. Por aquello, decir que la dictadura configuró una doctrina de fuego en la cual se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, para establecer un proyecto político neoliberal y extractivista, que hoy se expresa en el modelo de despojo y desigualdades que vivimos.
Esa memoria histórica requiere un llamado a la acción: hacia donde caminamos los movimientos sociales. Por aquello decimos con fuerza: los efectos del orden político impuesto en dictadura siguen vulnerando nuestros derechos y bienes comunes naturales. Es preciso avanzar en su transformación hacia un modelo ecológicamente sano, socialmente justo y económicamente solidario. Este horizonte hoy está en contradicción con la realidad material, donde el orden impuesto por los grandes dueños de este país pesa más que la seguridad y calidad de vida de los millones de habitantes de esta hermosa tierra.
Hoy nuestro país conmemora estos 50 años en un contexto político que no podemos obviar. Los discursos de odio que amenazan las libertades, los derechos fundamentales y la democracia crecen a un peligroso ritmo. Los sectores de la ultra derecha se aferran al conservadurismo y los valores neoliberales que alguna vez nos impusieron de golpe, validando el quiebre democrático que significó la dictadura. Esto es una amenaza a nuestra memoria, porque niegan los miles de víctimas y horrores cometidos, pero también para el futuro de nuestra democracia. Este negacionismo y/o promoción de los horrores del pasado cometido por su propio sector nos hace preguntar ¿serán capaces de repetir esta historia? Chile no puede permitir este retroceso.
A 50 años del golpe, los movimientos sociales sostenemos que, sin la defensa irrestricta de los derechos humanos, junto con propiciar la reparación, garantías de no repetición y el derecho a la justicia, no hay presente ni futuro deseable para las comunidades. Pero es preciso también sostener con fuerza que, sin una necesaria e ineludible transformación social y política de los cimientos impuestos en dictadura, no hay presente ni futuro justo posible. La disputa sigue abierta y somos quienes estamos convocados a dar la batalla.
Enterraron a los nuestros, pero nosotros y nosotras nos levantamos como semillas de su lucha. Con el ejemplo de los y las combatientes de la dictadura, no descansaremos hasta terminar con el saqueo, la impunidad y la desigualdad.
Modatima Chile.
Referencias
1. Comisión Valech. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. 2005.
2. Actualización Nómina de víctimas de Desaparición Forzada, calificadas en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y Comisión Presidencial Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. 2022. SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.
3. Claudio Nash. Verdad y la justicia: Violaciones a los derechos humanos del pasado.
Cap 01 Verdad Y Justicia Las Violaciones A Los Derechos Humanos Del Pasado
4. El derecho inalienable de las personas a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. https://www.redalyc.org/journal/3376/337664307002/html/
5. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones. Consejo de Derechos Humanos, ONU, Resolución 9/11, 2008
6. Esto implica la obligación de garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad y sancionar a los responsables, nuestros derechos deben ser protegidos de manera efectiva y bajo ciertas condiciones mínimas que aseguren un debido proceso
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7. Garretón, M. (2012). Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010. Santiago: Editorial ARCIS.
8. La insustentabilidad del ‘boom minero’ chileno: política y medio ambiente, 1983-2003 (uchile.cl) https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/122792
9. Cifras actualizadas de la minería – Consejo Minero https://consejominero.cl/mineria-en-chile/cifras-actualizadas-de-la-mineria/
10. Agricultura: Cambio Estructural y Desempeño Económico. RIL ediciones. Claudio Robles. En libro: Historia económica de Chile desde la Independencia. 2021. Manuel Llorca-Jaña y Rory Miller.
